lunes, 16 de julio de 2012

Pleno 06-07-2012 Viviendas ilegales

Aquí os dejamos nuestra intervención íntegra ante la propuesta del Ayuntamiento de Puerto Real para dar un nuevo paso hacia la regularización de las viviendas ilegales del término municipal. Como resumen decir que fuimos el único partido político con la suficiente valentía y responsabilidad de votar en contra. Con este posicionamiento no queremos que quede el mensaje de que nuestro grupo no quiere que se resuelva esta problemática. Lo que queremos es que se resuelva bien. Bajo unos principios de equidad y de sostenibilidad territorial. Y este decreto que aprobó la Junta de Andalucía y en el que se apoya la resolución que aprobó el Gobierno Municipal del Partido Andalucista se apoya sólo en principios de populismo e irresponsabilidad.

INTERVENCIÓN EN EL PLENO:

Desde EQUO ya hicimos un posicionamiento ante el Decreto 2/2012, de regularización de viviendas en suelo no urbanizable, en el Pleno del pasado mes de febrero. En aquella ocasión votamos en contra y en esta vamos a reiterarnos. Primero voy a hablar un poco del Decreto y ya luego entro en la propuesta concreta que se trae aquí hoy.
Al tratar la grave problemática de la proliferación de viviendas ilegales, nos encontramos casuísticas muy diferentes. La vinculación a las zonas rurales de muchas familias, la falta de viviendas sociales y precios asequibles, la apetencia de unifamiliares aisladas o de segunda residencia o la pura especulación. Hay viviendas aisladas en el medio rural, viviendas diseminadas en suelo agrícola productivo, ligadas a vivienda de hortelanos, urbanizaciones donde domina la segunda residencia en el medio rural, en parques naturales y en las costas y viviendas ubicadas en situaciones de riesgo ante desastres naturales anunciados.
Ante esta situación cabe preguntarse cómo una sociedad democrática y con estado de derecho ha propiciado, consentido, hecho la vista gorda o favorecido esta situación de ilegalidad, que crea agravio comparativo con quiénes actúan dentro de la legalidad. Es preciso delimitar la corresponsabilidad público-privada de esta situación y es necesario que sean asumidas como punto de partida para tratar este conflicto. Nada de esto se percibe sin embargo en el decreto en el que se sustenta la propuesta que se trae aquí hoy. Y la razón es obvia. La principal responsable política de esta situación es la propia Junta de Andalucía, que tiene competencias urbanísticas y de ordenación del territorio desde 1984. Y en este caso la responsabilidad es nítidamente del PSOE, partido que ha gobernado la Junta de Andalucía desde su inicio. Responsabilidad compartida por los municipios en los que han surgido las urbanizaciones ilegales, gobernados, ahora sí, por un amplio espectro de partidos políticos de todos los colores.
Los impactos debidos a este modelo de ciudad extensivo son diversos. Agudización de los problemas de la movilidad urbana y la dependencia del vehículo motorizado para los desplazamientos, el encarecimiento de los servicios urbanos, los incrementos en los consumos de agua, o los de contaminación de los acuíferos por las infiltraciones de las aguas fecales de este tipo de edificaciones, carentes de cualquier sistema de tratamiento de vertidos, etc.
Todos estos problemas generan unos costes enormes a las administraciones públicas, especialmente la local. Las ciudades con un amplio número de viviendas ilegales, a la postre se convierten en ciudades muy caras para vivir. Por el coste que tiene dotarlas de servicios.
Y hablando de costes es cuando llegamos al nudo gordiano de este asunto. Los costes de urbanización de estas zonas. A los que de forma populista no hace referencia la propuesta que se trae aquí hoy. Y tampoco en prensa vimos referencia alguna. Para no llevar al error a algunos y a la indignación a otros aclaramos que el Decreto dice expresamente que “su regularización no puede suponer costo alguno para la administración, por lo que el costo de la urbanización, la implantación de las infraestructuras y demás deberes urbanísticos deben ser soportados por las personas titulares de los terrenos en cada asentamiento urbanístico”. Independientemente de esto, a parte de los costes de urbanización el hecho de la legalización de las viviendas implicará otros servicios y obligaciones de los que el Ayuntamiento deberá hacerse cargo, a costa de toda la ciudadanía por supuesto, incluyendo los que han construido su casa legalmente.
Desde nuestro grupo entendemos que ante este conflicto los propietarios y propietarias afectadas quieran que se les reconozca los impuestos de diversa índole que han ido pagando a lo largo de estos años sin tener la contraparte de unos servicios mínimos, pero en cualquier caso para EQUO este problema debe solucionarse partiendo de la premisa de que construir ilegalmente no puede ser más barato que construir legalmente, más bien debería ocurrir todo lo contrario.
Desde EQUO entendemos la dificultad del acceso a la vivienda y la necesidad de resolver la situación de muchas personas propietarias históricas que llevan así mucho tiempo. Además del valor que supone el arraigo a zonas agrícolas de muchas familias que llevan años trabajando la tierra y dinamizando así el mundo rural.
Pero por otra parte, esta suerte de amnistía casi generalizada que supone el Decreto de la Junta, puede provocar la normal indignación de los ciudadanos y ciudadanas que han comprado sus viviendas construidas legalmente y que ven como se abre la puerta a la legalización y el reconocimiento de quiénes han adquirido viviendas más baratas, por haberse evitado los costes que supone la construcción legal (proyectos, licencias, obras de urbanización, cesión de suelo para espacios públicos y equipamientos, cesiones de aprovechamiento para creación de patrimonio público de suelo en el que hacer promociones de viviendas de interés social). Esto crea una situación de agravio comparativo, y puede ser corrosivo para el futuro dado que crea un precedente.
Tanto el Decreto de la Junta como la propuesta que trae aquí el Gobierno municipal se construyen bajo una visión populista de esta problemática. Se parte de un punto de vista en el que lo único que debe hacer la administración es trabajar por la legalización de las edificaciones. Frente a lo que se debería hacer realmente, aplicar una visión más legalista, más justa y más razonable de reparación del daño y de sostenibilidad en la Ordenación del Territorio. Se trata de tener en cuenta unos principios elementales de diseño urbano, como se lleva un coche de policía, un camión de la basura o un autobús de escolares de una punta a otra del término municipal. Como resolvemos los problemas derivados de esta política de regularización masiva.
Y por si no fuera poco, el Decreto 2/2012 de la Junta legitima que la edificación ilegal se convierta en una mercancía. Y desde EQUO tenemos muy claro que hay que diferenciar entre el derecho de uso y el derecho de propiedad. Es decir, una cosa es que no se derribe una casa para que una familia no se quede en la calle y otra bien distinta es construir ilegalmente y luego especular y hacer negocio con la edificación construida.
Para terminar las puntualizaciones sobre el Decreto, comentar que para garantizar el acceso a la vivienda y no empujar a una parte de la ciudadanía al urbanismo ilegal, son necesarias políticas de las administraciones públicas –Ayuntamientos y Junta de Andalucía- que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos y ciudadanas, en base a la construcción de la vivienda protegida que demande la población, a viviendas sociales para las rentas más bajas, a viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler, y destinando suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios. Pero lo que no se debe hacer nunca optar por la permisividad ante las edificaciones ilegales, pues el desastre urbanístico está garantizado.
En lo que referente a la propuesta que se trae hoy a Pleno, bajo nuestro punto de vista si debería ser necesario el Avance que se pretende eludir en la propuesta de acuerdo. Consideramos que lo estudiado en el PGOU sobre el diseminado no es suficiente. Pensamos que para afrontar el problema de las viviendas ilegales hay que tener mucha más información. No es lo mismo que la edificación tenga licencia a que no la tenga, no es lo mismo que una primera vivienda que una segunda residencia, no es lo mismo una construcción ligada a una actividad agropecuaria que un chalet con piscina. Por tanto bajo nuestro punto de vista sí debería hacerse el Avance planteado en el Decreto, para hacer una radiografía pormenorizada de la situación de las distintas viviendas ilegales que existen en nuestro término municipal, y actuar en función de cada una de estas circunstancias.
Tampoco estamos de acuerdo en la consideración de las edificaciones en el suelo no urbanizable no delimitadas en el PGOU como edificaciones aisladas. Creemos que es más apropiado que se consideren en conjunto, ya sea como Asentamientos urbanísticos o como Hábitat rural diseminado, ya que la consideración de las edificaciones en agrupación conlleva mayor compromiso para los propietarios, lo que es más beneficioso de cara a una mejor ordenación del territorio.
Por otra parte, suponemos que de forma interesada no se hace ninguna referencia a los casos de edificaciones disconformes con el ordenamiento vigente, de las que no existe prescripción de la infracción urbanística y sujetas por tanto al régimen de restablecimiento de la legalidad urbanística. Están haciendo una aplicación selectiva y populista de lo planteado en este Decreto y en la legislación urbanística. Estos casos serán los menos pero existen.
Es posible que usted ahora intente generalizar mi discurso con esto último que he dicho y diga que lo que queremos es que se derribe todo. Nada más lejos de la realidad, entre otras cosas porque esto no se puede hacer al haber prescrito el delito en la mayor parte de los casos. Nosotros lo que queremos es que se afronte esta problemática y se solucione desde una visión diferente, que se hagan las cosas bien, que no cometamos la irresponsabilidad política de dejar como legado a las futuras generaciones una ciudad que no se pueda gestionar por haber crecido sin ningún tipo de ordenación. Porque el problema no es sólo este primer conjunto de edificaciones ilegales regularizadas, el problema es la sensación que se le queda a la ciudadanía cuando se da cuenta que puede construir ilegalmente con tranquilidad que tarde o temprano lo legalizarán. Porque aunque este Decreto no sea aplicable a viviendas de nueva planta nada impide, bajo este precedente, que se pueda aprobar otro Decreto similar en el futuro.
Desde las administraciones habría que construir un mensaje claro a la ciudadanía de que no se puede construir ilegalmente. Pero se está haciendo todo lo contrario.
Finalmente desde EQUO no queremos que quede el mensaje de que nuestro grupo no quiere que se resuelva esta problemática. Lo que queremos es que se resuelva bien. Bajo unos principios de justicia y de sostenibilidad territorial. Y este decreto que aprobó la Junta de Andalucía y en el que se apoya la resolución que trae aquí el Gobierno Municipal del Partido Andalucista se apoya sólo en unos principios de populismo e irresponsabilidad.

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